La primera legislatura socialista en España (1982-1986). Historia del Presente 8

presentacion

Introducción
A finales de 1982 habían desaparecido las principales incertidumbres sobre el sistema
político y podían darse por acabadas las tareas propias de la transición a la democracia.
Dicha situación coincidió en el tiempo con la victoria electoral del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), que se presentaba ante la ciudadanía con un talante reformista,
continuador de la labor realizada en los últimos años, y con un liderazgo indiscutible,
que suscitaba apoyos muy por encima de los del partido. La palabra “cambio”
presidió la campaña electoral, tras verse obligado el débil gobierno de Leopoldo Calvo
Sotelo a convocar elecciones anticipadas. El PSOE obtuvo una victoria arrolladora que
le dio la mayoría absoluta en la representación parlamentaria y le permitía gobernar en
solitario.
En una entrevista por la televisión el periodista José Oneto preguntó a Felipe
González: “¿Qué es el cambio?. El cambio yo lo resumiría en una sola frase: que España
funcione”. No se podía sintetizar mejor y más didácticamente lo que pretendía. El objetivo
era llevar a España a la modernidad, regenerando la vida política y social, a la vez
que se trataba de sacarla de su secular aislamiento.
La primera legislatura (1982-1986) fue, sin lugar a dudas, la más fecunda de la
“época socialista” (1982-1996). El gobierno no se encontró lastrado ni por la ruptura de
la “familia socialista”, ni por el incremento de la oposición social, ni por los casos de
corrupción y los escándalos políticos que marcaron el final de dicha época. Aunque es
cierto que en estos primeros años se llevaron a cabo las peores acciones de la “guerra
sucia” contra ETA, lo cual supuso no sólo un grave atentado contra los principios democráticos,
sino la caída de la credibilidad de los socialistas. En realidad, el Ministerio
del Interior siempre fue un problema y Felipe González, que tantos aciertos tuvo en
otras áreas, en ésta mostró su cara más negativa.
El nuevo presidente del gobierno dejó claro que su tarea era realizar un “proyecto
de modernización” y no “un proyecto socialdemócrata”, debido a la incapacidad histórica
de la derecha española de cumplir sus objetivos. Por eso González se veía a sí
mismo más como un regeneracionista que como un socialista, situándose en el centro
de la vida nacional, o rechazando los extremos, que habían sido los culpables del círculo
sangriento de las dos Españas. Su claro liderazgo sirvió para que los ciudadanos confiaran
en su persona, y al mismo tiempo permitió a González a marginar al partido en la
toma de decisiones. Siempre tuvo claro que se gobernaba desde Moncloa y no desde
Ferraz.
En el discurso de investidura como candidato a presidente de gobierno puso de
manifiesto que uno de sus objetivos prioritarios era luchar contra la crisis económica,
modificando la “deficiente estructura económica legada del pasado”. Al mismo tiempo
había que desbloquear las negociaciones para entrar como Estado miembro en la Comunidad
Económica Europea (CEE). Para llevar a cabo estos objetivos contó con un
excelente ministro, Miguel Boyer, bien acompañado por Carlos Solchaga. Miguel Boyer
era un socialista liberal que impuso, desde el primer momento, una política rigurosa. Se
trataba de lograr la estabilidad macroeconómica, desechando la puesta en práctica de
políticas contracícücas para impulsar la demanda interior como había hecho el gobierno
socialista francés.
Para profundizar en este importante tema, contamos con el artículo de Donato
Fernández Navarrete y Gustavo Matías; en el mismo se realiza un análisis riguroso de
las causas que condujeron a la crisis económica internacional y la especial vulnerabilidad
de España. Como nos recuerdan los autores, el nuevo gobierno se olvidó con gran rapidez
de las promesas electorales realizadas en su programa económico, para poner en
marcha una política de ajuste valiente y de gran calado, que sirvió para remontar la crisis
a partir de 1984 y facilitar la incorporación a la CEE.
La crisis se manifestó sobre todo en el sector industrial y agrario. En el primero
de ellos fue muy aguda: pese a que la producción no descendió, sí lo hizo el empleo. En
dicho sector se produjo una importante reconversión a costa de puestos de trabajo, lo
que implicó la sustitución de trabajo por capital y el incremento de la productividad. Los
dos desequilibrios más importantes de la economía española pasaron a ser el paro y el
déficit público, siendo el responsable de éste último el aumento en las prestaciones sociales
(desempleo, pensiones y sanidad), el incremento de los intereses de la deuda consolidada,
las transferencias a las Comunidades Autónomas y a la educación privada, así
como una serie de empresas públicas que presentaban resultados muy negativos. Como
se puede apreciar, la consolidación del Estado de bienestar y del Estado de las Autonomías,
elementos centrales de la nueva democracia, tuvieron su efecto en la política económica.
La lamentable situación del mercado de trabajo se mantuvo, pese a las promesas
electorales, por lo que no se dudó en flexibilizarlo, aunque en esta ocasión se contó con
la no oposición sindical. La reforma del Estatuto de los Trabajadores en 1984 quebró el
principio de causalidad, al permitir la utilización de los contratos temporales en puestos
de trabajo permanentes. La consecuencia de ello fue la segmentación del mercado laboral.
Esta tendencia a la flexibilización se extendió a otras áreas, como al mercado inmobiliario,
las pensiones o las empresas públicas. Aunque se ha insistido en numerosas
ocasiones en la importancia de la crisis industrial, no menos trascendente fue la crisis del
sector bancario, la cual afectó a más de la mitad de los bancos existentes y a una quinta
parte del total de recursos. Para hacer frente a la misma, hubo que crear nuevos instrumentos
de intervención en el sector y sobre todo realizar un importante desembolso,
muy superior al de la reconversión industrial.
Las medidas de ajuste del ministerio Boyer comenzaron a dar sus frutos una vez
que éste decidió dimitir por incompatibilidad con Alfonso Guerra, pero lo importante
fue que su política económica dio resultados positivos, siendo continuada por Carlos
Solchaga hasta la huelga general de 1988; esta política, unida a la adhesión a la CEE,
supuso uno de los mayores activos con los que contó Felipe González, que al apostar
por la continuidad en este campo, abandonando los “experimentos”, puso de manifiesto
su carácter pragmático, no atado a ideas preconcebidas de resultados inciertos.
Las negociaciones de adhesión a la CEE fueron especialmente difíciles. Superado
el escollo político, que había servido de excusa para mantener a la dictadura alejada de
las instituciones europeas, y una vez establecida la democracia se pusieron sobre la mesa
numerosas diferencias de índole económico, en especial por parte de Francia, no estando
ausentes algunas causas marcadamente políticas tales como el tema de la OTAN.
Francia, que había tratado de tutelar el proceso de transición, se convirtió en un difícil
contrincante, lo que obligó a España a ceder en la mayor parte de sus pretensiones. No
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sirvió que estuvieran gobernados ambos países por partidos hermanos en la Internacional
Socialista, pues la lógica nacionalista de los franceses se impuso. En todo caso, nuestra
adhesión a la CEE iba abrir un periodo en el que España recibiría múltiples ayudas
que, sin duda, produjeron avances sustanciales tanto en materia económica como social.
Un gobierno fuerte, como el presidido por Felipe González, y con una amplia
legitimidad social, se decidió a poner en marcha la tan necesaria reconversión industrial,
como muestra el excelente estudio de José María Marín. Dicho autor nos recuerda que
el primer gobierno socialista no llevó a cabo ningún intento serio de planificación de la
política industrial, pese a lo contemplado en el programa electoral. Los socialistas si tenían
presente la necesidad de realizar un “ajuste” en la industria, ligándolo a la reindustrialización.
Contaban con el apoyo de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la
oposición de Comisiones Obreras (CCOO). Este último sindicato trató de recuperar en
la lucha contra la reconversión el espacio sindical perdido tras la derrota en las elecciones
sindicales de 1982, y en cierta manera el espacio político, también perdido tras la
debacle del Partido Comunista de España (PCE) en las elecciones generales del 28 de
octubre de 1982.
La dureza de la reconversión se hizo visible con el cierre de Sagunto. Como nos
señala Marín, el balance “de este conflicto fue de más de un año de durísimos enfrentamientos
y movilizaciones obreras en las que se produjeron: nueve huelgas generales en
la comarca de Morvedre, veinticuatro huelgas generales en la factoría, once manifestaciones
en Valencia, siete marchas a Madrid, y lo que fue más importante, más de ochenta
días de ocupación de la fábrica por los trabajadores, que en una clara postura de insurrección
se negaron a obedecer las órdenes de paralización de los Altos Hornos”. La
actitud de apoyo a la reconversión de la UGT, con ciertas condiciones, fue posteriormente
revisada en el interior de la central socialista, pero no debemos de olvidar que la
misma respondía no sólo a un compromiso político, sino también a una estrategia sindical.
Es controvertida la afirmación de José María Marín de que “el PSOE pagó un
precio relativamente importante con la reconversión industrial”, puesto que ganó por
mayoría absoluta las elecciones de 1986 y 1989, y si bien aumento la contestación social
a su gestión, se daba la paradoja de que los mismos que protagonizaban huelgas y manifestaciones,
le seguían votando. Podemos afirmar que los socialistas utilizaban la protesta
como forma de criticar la gestión de su gobierno, al que luego votaban. No fueron los
sectores perjudicados por la reconversión los que volvieron la espalda al PSOE, sino las
clases medias urbanas hartas de tanta corrupción y escándalos y preocupadas por el alza
de la presión fiscal.
En abril de 1987, en una entrevista al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra,
se le preguntó si el PSOE había resuelto el problema militar, la contestación fue
clara:
“Tal y como se entendía hasta hace muy pocos años el problema militar, sí. En
España existía un Estado civil y un Estado latente militar, y eso está resulto. Aquí
hay un poder único, democrático, que se establece en un Parlamento y en un
Gobierno por votación de la gente. Hoy, las Fuerzas Armadas no son un Estado
latente en España. Son una Administración militar que tiene intención de modernizarse
y de ocupar el puesto que la Constitución le asigna”1.
Carlos Navajas, reconocido especialista en temas militares, nos muestra como la
gestión de Narcís Serra consiguió apartar al Ejército de tentaciones golpistas, e iniciar
una seria modernización de las Fuerzas Armadas. La “piedra angular” de la reforma fue
la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la defensa Nacional y de la Organización militar
de 5 de enero de 1984. Dicha ley despejaba las ambigüedades de la anterior norma, al
concretar y potenciar las competencias del presidente del gobierno y, especialmente, del
ministro de Defensa al serle encomendada la elaboración, determinación y ejecución de
la política militar. Con la ley se ponía fin a la autonomía militar, y se acababa así con uno
de los mayores obstáculos que habían tenido los españoles para poder vivir en democracia.
Durante los gobiernos socialistas se afrontó la modernización de las Fuerzas Armadas,
la reducción de sus efectivos y, desde 1988, la incorporación de la mujer a las
mismas. También se redujo el servicio militar, pasando de doce a nueve meses, y finalmente
se dio una solución digna a los militares pertenecientes a la Unión Militar Democrática (UMD).
Por último, el trabajo de Pablo Martín muestra la actitud de la Iglesia durante el
primer gobierno socialista, siendo el tema de la enseñanza el que más conflictos causó.
Debemos de pensar que la Iglesia española, después de una actitud valiente y comprometida
en los últimos años de la dictadura y durante la transición, comenzó a cambiar
de actitud, sin duda influenciada por los nuevos aires que llegaban de Roma.
Felipe González afirmaba que “el Gobierno socialista, en realidad, cambió el
rumbo de la Historia de España, lo encauzó en una dirección diferente, asentó la democracia,
las bases del Estado del bienestar, le dio a nuestro país un papel en el mundo…”,
y junto a eso siempre aparecería la “coletilla: corrupción”. No le falta razón, pues la
corrupción y los escándalos que invadieron la vida política española desde comienzos de
los años noventa, a los que hay que sumar el error de los GAL, empañaron gravemente
la importante labor de modernización y de gestión llevada a cabo por los socialistas entre
1982 y 1996. Los artículos que a continuación vienen tratan de reflejar esta realidad.
La mayor dificultad con la que nos enfrentamos los historiadores a la hora de
analizar dicha época es precisamente saber ponderar adecuadamente los hechos, para
poder así obtener una imagen del período que responda a lo sucedido. Creo que los
aciertos fueron mayores que los errores, y hoy diez años después de que se asistiera a la
lógica alternancia democrática, y dos desde que volviera al gobierno el PSOE, recordamos
dichos años con melancolía y con cierta preocupación, por lo poco que aprendieron
de él los jóvenes socialistas.

Alvaro Soto Carmona

1 “Entrevista con Alfonso Guerra”, en E/País, 19 de abril de 1987.
2 “Testimonio de Felipe González”, en , María Antonia, L a mem oria recuperada. L o que nunca han contado Felipe González a los dirigen tes socialistas,
Madrid, Aguilar, 2003, pp. 870 y 871.